Vanessa Plihal-Dacaret - OCUPACIÓN DE TIERRAS Y RESPUESTA DEL ESTADO

“No es sola la responsabilidad del estado para resolver un conflicto como el agrario en nuestro país.” Los desafíos más grandes de la mayoría de los países sub-desarrollados enfrentan hoy en día, son las demandas sociales y en especial el acceso a la tierra. En Guatemala el conflicto agrario ha sido el efecto de la inequidad de la producción y distribución de la riqueza desde la época de colonia, pasando por la Reforma Liberal de 1871, la década de 1944-1954 y el conflicto armado. La respuesta del Estado a la hora de enfrentar una ocupación o invasión a la propiedad privada, es el de actuar con desalojos por las fuerzas de seguridad en las cuales la mayoría de veces terminan en alguna tragedia. El Estado en ese momento respeta el Estado de Derecho al defender el derecho de la propiedad privada, pero al mismo tiempo no atiende como Estado de Derecho desde una perspectiva de justicia para satisfacer una demanda social justa o resolver el conflicto en sí. El conflicto agrario en nuestro país, ya no solo se limita a la invasión de propiedad privada por problemas laborales con los propietarios, pero ahora abarca invasiones a áreas de reserva protegidas, áreas arqueológicas, Lugares Sagrados y para agravar el problema en surgimiento del conflicto de la minería. Por parte del Estado, éste necesita mejorar su sistema de alerta temprana para poder detectar los posibles conflictos y tener preparado los mecanismos necesarios para poder empezar a resolverlos antes de tener explosiones de conflictividad más fuertes y escalonadas. Esta responsabilidad no solo es del Estado, sino es una responsabilidad de toda la nación integrada con la cooperación del Estado y entre empresarios agrícolas, latifundistas, cooperativas, organizaciones campesinas y el sector civil para poder formular soluciones y propuestas, y poder implementar políticas públicas para que la sociedad civil las utilice para poder enfrentar este conflicto como nación integrada. El problema del conflicto agrario conlleva antecedentes históricos que desgraciadamente forman ya parte de nuestra cultura a la hora del registro de la tierra. La titulación o el registro de tierra muchas veces se tramitan por herencia y no existen pruebas de propiedad existente o registrada. Como parte también de nuestra cultura chapina, no hay que olvidar la corrupción militar a la hora de cambiar los registros de propiedad o la usurpación de tierras durante en conflicto armado; como también los audaces ladrones de tierras al punto de desaparecer registros o cambiar números de folios y libros en el Registro de la Propiedad. El problema como vemos involucra a distintos actores dentro de nuestra sociedad y el acceso a la tierra como herramienta para generar riqueza es el afán de todos estos actores. Pero la tierra por si sola no genera riqueza si no tienen las condiciones necesarias del caso. En el 2002, el CACIF presentó un Plan de Desarrollo económico y social con el propósito de poder encontrar mecanismos para solucionar dicho conflicto. Algunas de las propuestas fueron: facilitar el acceso al crédito, certeza jurídica de la propiedad y promover el desarrollo rural. En el mismo año, el CNOC presentó su propuesta de desarrollo rural en relación al acceso a la reforma de la Ley del Fondo de Tierras. Las funciones del Estado son las mismas y lo único que cambia son los operantes del Estado y las demandas sociales que cada vez aumentan más en número y en grado. Tenemos mecanismos como las Mesas de Diálogo, Plataforma Agraria, una Secretaría de Asuntos Agrarios, políticas públicas, estudios, recomendaciones de expertos y organismos internacionales etc… El conflicto sigue escalando y cada día hay más guatemaltecos con hambre, más violencia, más asentamientos en áreas precarias, más desempleo, más presiones y competencia por la globalización y para arder más la herida; los efectos del cambio climático. En mayo de 1996, se firmó el Acuerdo sobre Aspectos socioeconómicos y situación agraria como parte de los Acuerdos de Paz. En este Acuerdo, el gobierno se comprometió a tomar medidas para facilitar el acceso de los campesinos a tierras como a otros recursos productivos para la resolución de este conflicto. El Acuerdo en si, incluye la política pública de desarrollo social y rural como herramienta para el desarrollo nacional. En su punto número II sobre Desarrollo Social, obliga al Estado a “promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que, con el esfuerzo en conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los satisfactores sociales y la justicia social”. Reitero entonces y como dice esta parte del Acuerdo “corresponde al Estado… con el esfuerzo del conjunto de la sociedad.” La culpa la tenemos todos los guatemaltecos, al responder con nuestros instintos salvajes de solo velar por lo nuestro y al no participar como una sociedad integrada limpia de estereotipos. La culpa de nosotros es por ser egoístas e ignorantes al creer que el tiene hambre o el que es pobre es por que el/ella se lo buscó. Al creer que el que es campesino es indígena, al ser ciegos y sordos ante la cruel realidad que vivimos dentro de una sociedad racista y al quedar de brazos cruzados para el Estado resuelva todos nuestros problemas. No hay sociedad que ni viva sin conflicto, es parte de nuestra sociedad y es parte del de ser humano. El desarrollo no siempre conlleva crecimiento o viceversa. No es sola la responsabilidad del estado para resolver un conflicto como es el del conflicto agrario en nuestro país. Si no enfrentamos este problema como nación integrada y de forma solidaria, el conflicto solo tendrá mas grados de conflictividad y las soluciones ya propuestas dentro del Acuerdo Socioeconómico y solución Agraria, la Política Pública de Desarrollo Social y las propuestas de las demás organizaciones; quedarán plasmadas en papel como un recuerdo y cometeríamos el mismo error de todo ser humano: ¿Por qué no actuamos cuando pudimos?