Byron S. Morales Dardón - OCUPACIÓN DE TIERRAS Y RESPUESTA DEL ESTADO

“Obviamente, el diálogo es insuficiente para afrontar y superar la conflictividad agraria.” En Guatemala pervive una estructura feudal o neofeudal que se reproduce y genera profundas desigualdades, discriminaciones y exclusiones. Las luchas agrarias tienen antecedentes legítimos: una historia de despojo, sufrimiento y muerte, pero también de resistencia cinco veces centenaria; de explotación, aunque también de lucha indígena, campesina y popular. La conflictividad agraria encierra un conjunto de fenómenos que por las particularidades de la historia del país genera tensiones sociales y políticas. Sus manifestaciones concretas muchas veces desembocan en violencia, tanto porque la estructura agraria –injusta y concentradora- sigue intacta y la pretensión de modificarla constituye amenaza para el status quo, como por la ausencia de mecanismos institucionales que canalicen en forma adecuada los conflictos. También hay otras causas: incertidumbre jurídica de la posesión, uso y propiedad de la tierra; institucionalidad pública débil y disfuncional; marco legal inadecuado; despojo de tierras de comunidades indígenas; desconocimiento de las potencialidades de tierras adjudicadas a grupos campesinos; problemas laborales; otros. Las ocupaciones de tierras son una expresión de la conflictividad agraria y comúnmente se producen cuando personas o comunidades se posesionan de áreas que desde el punto de vista registral son de otras (del Estado, un particular o persona jurídica), como parte de procesos sociales que emergen de la necesidad popular, de reclamos desatendidos e insatisfechos por el Estado en la línea de la obtención de tierras para cultivar o de su recuperación (en virtud de privados que en forma indebida se apropiaron de dicho recurso), por razones laborales u otras como las ya mencionadas. Constituye una acción colectiva y organizada de lucha popular, de hecho y no de derecho, fundamentada en la ausencia de tratamiento y respuestas adecuadas, desde las estructuras del Estado, a las reivindicaciones sociales de justicia y como medio de presión para hacerlas posibles. El Estado y sus instituciones irreconocen los procesos sociales y criminalizan la protesta, las luchas que desnudan la injusticia, la discriminación y la concentración abusiva de riqueza frente a mayorías empobrecidas. Se intenta mostrar ante la imagen pública una forma distorsionada de lo que expresan esas acciones colectivas, con el propósito de justificar su persecución y represión: grupos reducidos de descontentos o bochincheros, vividores, holgazanes sin oficio, criminales, entre otros, son los calificativos utilizados para convencer a la opinión ciudadana que su persecución y, a veces, el aniquilamiento de sus dirigentes y miembros, es necesaria. Buena parte de la historia guatemalteca ha sido escrita con la sangre y la vida de muchas personas que murieron reivindicando mejoras en la calidad de vida, en la valoración justa del trabajo, en la construcción de una democracia participativa con redistribución de la riqueza. Obviamente, el diálogo es insuficiente para afrontar y superar la conflictividad agraria. Los Acuerdos de Paz no han alcanzado lo suficiente para lograr una transformación. Se requieren productos de una nueva negociación con resultados que modifiquen la profunda injusticia social imperante, un acuerdo de ética en la igualdad, un compromiso de combate frontal al hambre y la miseria, a la disfunción de las instituciones públicas y una nueva oportunidad a la paz. Indudablemente, las ocupaciones de tierras y otras formas de lucha popular tendrán continuidad, en un esfuerzo movilizador por equilibrar fuerzas con los dueños privados de la tierra y el Estado. Guatemala, junio 2008.