INTRODUCCIÓN La administración en el Estado guatemalteco como la conocemos hoy tiene raíces históricas que datan de la época colonial, pero principalmente a partir de una etapa de democracia dentro de la cual se inicia la creación de ciertas instituciones que se dedicarán a la relación entre el Estado y los trabajadores dentro de la administración pública; en Guatemala existe un marco legal que regula tales relaciones el cual comprende la Constitución Política de la República y la Ley de Servicio Civil que crea la Junta de Servicio Civil y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Actualmente se hace necesario un proceso de modernización de la administración pública por medio de la descentralización y desconcentración, para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos y favorecer la inclusión de los ciudadanos a través de la puesta en marcha de políticas públicas para el desarrollo, es importante tomar en cuenta que el recurso humano capacitado es indispensable para el cumplimiento de estos procesos. DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO GUATEMALTECO La administración pública consiste en las operaciones que tienen como propósito la realización o el cumplimiento de la política pública. Un sistema de administración pública es el conjunto de leyes, reglamentos, prácticas, planes, códigos y costumbres que prevalecen en un momento y sitio determinados para la realización y ejecución de la política pública.[1]Se entiende por función pública aquella que está constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran éste, en una realidad nacional determinada.[2] Dentro de un contexto histórico en nuestro país durante el periodo de la colonia se establecen instituciones encargadas de la administración de la Capitanía General del Reino de Guatemala las cuales fueron: El Consejo Real y Supremo de las Indias, La Casa de Contratación de Sevilla, La Real Audiencia y El Ayuntamiento, todas éstas al mando de españoles y criollos. En 1821, cuando se declara la independencia los intereses de un solo grupo se ven reflejados en la conducción del poder político, luego se marcan dos periodos: el de los conservadores y el de los liberales, el primero abarca de 1838 a 1871 y el segundo de 1871 1944 cuando se inicia una breve etapa de democracia con la llegada al poder de Juan José Arévalo. Es a partir de la década de 1944 a 1954, la época en que se busca un gobierno con ideales revolucionarios y se contempla dentro de la nueva Constitución del año 1945 la función pública, se inicia la modernización administrativa del Estado guatemalteco elaborándose los mecanismos para el ejercicio del poder dentro de los cuales predominan la emisión del Código de Trabajo en 1948, lo que significa la protección a los derechos de los trabajadores en Guatemala y la declaración de autonomía municipal lo que marca el inicio para la modernización del Estado, tema que se retomará en un nuevo periodo democrático. Después de un intento por modernizar el Estado, éste se convierte en un Estado militar debido que a partir de 1954 la cúpula del Estado es controlada por el ejército y por la oligarquía, en la década de 1960 donde los servidores públicos cumplen la función de proteger los intereses personales o de un grupo sobre los intereses de los ciudadanos a partir del derrocamiento de Arbenz, se inician entonces una serie de privatizaciones y se aprovecha el inicio del conflicto armado para que la administración de este Estado siguiera en manos del mismo grupo. Sin embargo en 1956 se aprueba el Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado el cual se derivaba del objetivo de regular la relación del Estado y sus empleados en la Constitución de la República de 1945; en 1957 se establece el Departamento Nacional de Personal del que algunas oficinas de algunos Ministerios de Estado dependerían y un año después, se sustituyó por el Departamento de Servicio Civil el cual fue creado para la planificación de clasificación de puestos.[3] Es hasta 1968 que la Ley de Servicio Civil entra en vigencia siendo el cuerpo legal que rige las relaciones laborales entre el organismo ejecutivo y las entidades descentralizadas sin régimen de personal propio.[4] Por medio de la Ley de Servicio Civil, se crean los dos órganos superiores encargados de la ampliación de la Ley que son: La Junta de Servicio Civil y La Oficina Nacional de Servicio Civil que dependen de la Presidencia de la República. En un nuevo periodo de democracia que se inicia en 1985 se contempla en la nueva Constitución de la República en los artículos 107 y 108 que los trabajadores del Estado tienen relaciones con el mismo que se rigen por la Ley de Servicio Civil con algunas excepciones, se establece la división de poderes y el sector público se integra por el Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial; cada Organismo está compuesto por distintas instituciones pero no todas ellas se encuentran dentro del Sistema de Servicio Civil. Durante este mismo periodo, se crean instituciones para la elaboración y ejecución de políticas públicas como ASIES y el INAP, a pesar de estos avances en la administración pública los funcionarios de gobierno en los siguientes años irían en la búsqueda de intereses personales y por lo tanto no en la búsqueda del fin supremo por el que el Estado de Guatemala se organiza que es el bien común. Los Acuerdos de Paz de 1996 marcan una nueva etapa para el Estado guatemalteco y su administración debido a que en los mismos, encontramos compromisos que asume el Estado con el fin que la administración pública sea eficiente, para lo cual se debe llevar un proceso de descentralización y desconcentración para agilizar procesos de administración pública. Además mediante los Acuerdos de Paz, se busca el establecimiento de una carrera de servicio civil y al mismo tiempo hacer pública la selección y contratación de personas para laborar en las distintas dependencias de gobierno. La política Nacional de Descentralización contempla como uno de sus objetivos la modernización de la administración pública, que se basa en “fortalecer la base técnico-jurídica e institucional para la desconcentración de la administración pública y para el traslado y ejercicio sostenible de funciones al nivel municipal”[5]. Dentro de sus líneas de acción se busca la modernización del servicio y creación de la carrera administrativa. Actualmente las categorías presupuestarias a las cuales están asignados los trabajadores del Estado son: el renglón 011 la cual se refiere al personal permanente, la otra categoría es la del renglón 022 la cual se refiere a personal por contrato de tiempo definido, otra categoría la conforman las personas contratadas por el renglón 041 que son empleados temporales y no cuentan con el pago de prestaciones como los empleados contratados por las categorías anteriores, otra categoría son los empleados contratados en el renglón 029 que se refiere a las contratación de personas altamente calificadas y por lo tanto profesionales, dentro de esta categoría la contratación también es de carácter temporal. Dentro de los renglones presupuestarios 011 y 022 se encuentran la mayoría de personal que labora dentro del Estado debido a que según las estadísticas de la ONSEC había 174,603 servidores públicos para el año 2005[6]. Dentro del Reglamento la Ley de Servicio Civil, se establece la evaluación del desempeño y rendimiento laboral de los servidores públicos pero no se cumple a cabalidad en todas las dependencias del Estado porque de ser así su aplicación tendríamos entonces a personas idóneas en los cargos públicos. Dentro de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, se contempla la selección de personal y un sistema de exámenes a cargo de la ONSEC para el reclutamiento del personal capacitado para el ejercicio de la función pública; en cuanto a estas disposiciones anteriores de selección y evaluación del desempeño dentro de la administración pública se puede observar que no se cumplen en su totalidad debido a la reorganización de recursos humanos dentro del aparato estatal en cada cambio de gobierno, las contrataciones o nombramientos se basan en intereses personales y no en la capacidad y experiencia del personal que labora dentro de la administración pública, además el nivel de escolaridad dentro del perfil de los servidores públicos tiene un mayor porcentaje de personas graduadas de nivel medio y un menor porcentaje con estudios universitarios, los salarios no son competitivos y en cuanto a la Oficina Nacional de Servicio Civil existe deficiencia para el procedimiento de asuntos laborales debido a que se encuentran centralizados todos los procesos y sistemas relacionados con este tema, por lo que de acuerdo al planteamiento anterior, es de vital importancia hacer notar lo relevante que es la creación de una carrera administrativa y tomar en cuenta la descentralización y desconcentración de los procesos relacionados con la administración del recurso humano en la administración pública. Para que el desarrollo de la administración pública sea eficiente se necesita contar con recurso humano calificado técnicamente y personas con actitudes de servicio, trabajo, eficientes y responsables para que cumplan su función a cabalidad y los procesos administrativos se lleven a cabo de manera más adecuada. En cuanto al marco legal es indispensable su revisión y adecuación al momento actual y a los compromisos que el Estado ha adquirido para su modernización, considerando en todo momento el bien común y los derechos y obligaciones de los servidores públicos. CONCLUSIONES 1. Se debe contemplar una revisión a la Ley de Servicio Civil, con el objeto de mejorar la calidad de la función pública en Guatemala. 2. El desarrollo administrativo del Estado guatemalteco ha estado marcado por momentos históricos que han influido en el mantenimiento de una administración pública tradicional, no congruente dentro de un mundo globalizado. 3. En base a la revisión del marco legal será necesario unificar las normas de servicio civil para todos los organismos del Estado y sus dependencias en beneficio de todo el sector público. 4. La administración pública en Guatemala no ha demostrado ser eficiente hasta ahora por lo que debe adecuarse a las políticas de descentralización. 5. Los procesos de selección de personal no han sido llevados con la transparencia deseada en algunos casos por intereses políticos, lo que limita una administración pública eficiente. 6. No existe una carrera en la administración pública, la cual es importante para el proceso de modernización del Estado.
[1] http://www.inapgt.com/archivos/MarcoJurdelMcipioGuate.pdf [2] Carta Iberoamericana de la función pública. V Congreso Nacional de Administración Pública. Instituto Nacional de Administración Pública. 2005. 31 páginas. [3] Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio Civil de Guatemala. Inter-American Development Bank. Guatemala. 2002. 98 páginas [ Versión Electrónica] [4] V Congreso Nacional de Administración Pública. “Vamos Guatemala, hacia nuevas formas de gestión pública”. Eje No. 3 Misión y Profesionalización del Servidor Público. INAP. 2005. [5] Política Nacional de Descentralización Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. 2005. 21 páginas. [6] http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN027957.pdf
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