Editorial

La crisis mundial de energéticos tomó a nuestro país de manera desprevenida. No es todo culpa del mandatario: la dependencia que nuestro país mantiene de los energéticos es producto de las relaciones económicas que históricamente se han establecido, donde los intereses de primer mundo (transformadores de materia prima) someten a los países pobres (poseedores de recursos naturales y productores de la materia prima). El mencionado fenómeno, que afecta de manera general a todas las poblaciones del mundo, parece suceder más por especulación de precios que por una verdadera carencia de recursos energéticos (de petróleo o de gas). Los países productores inciden en los precios, obviamente aprovechando los beneficios naturales que su espacio geográfico les brinda. Pero a nuestro juicio parece incidir más el proceso de refinamiento y transformación de materia bruta, agenciado a grandes transnacionales como la Standard Oil, la Chevron, Exxon, etc. Sumémosle a esto todos los costos de distribución, los impuestos marítimos, el transporte del energético (todos factores externos), además de los aranceles internos y el factor determinante, la dependencia neta de estos recursos. Es la dependencia total de la energía no renovable la que tiene al mundo – y en especial a nuestro país - en jaque, pues los “imprescindibles” recursos y su aparente escasez brindan grandes beneficios a los “transformadores de materia”: aduciendo carencias suben los precios, obtienen de esta maniobra grandes beneficios, los bajan insignificantemente para dar un respiro al consumidor y ahí los estacionan temporalmente, repitiendo este ciclo una o varias veces al año. La injusticia radica en que aún cuando existe disponibilidad por parte de los productores de capital suficiente para descubrir nuevas fuentes y formas de obtener energía, justifican sus elevados precios declarando la poca capacidad de oferta en relación a la demanda, con todos los costos sociales que tal artilugio conlleva. De esta forma las leyes del mercado nuevamente se muestran irresponsables ante las necesidades básicas de la humanidad. Esta crisis tiene consecuencias evidentes para Guatemala, un país históricamente destinado por las élites al monocultivo y a la producción para el abastecimiento del mercado internacional. A primera vista, el alza de los combustibles repercute en el precio de la energía eléctrica. Este ha aumentado, así como la demanda del servicio a nivel nacional. Lo que más parece preocupar al gobierno es que el desabastecimiento de energía paralice la producción industrial; aunque obviamente preocupa que se vean afectados hospitales, instituciones y la seguridad ciudadana (principal argumento del gobierno actual para rechazar el cambio de horario el pasado mes de marzo). Buscando mayor profundidad en nuestro análisis, debemos mencionar que el Estado como institución no se preocupó en el pasado por erigir fuentes alternas de energía que le permitieran cierta independencia de las condiciones y precios del mercado mundial, privatizando en los años noventa el control público de la producción y distribución energética. Otra vez, nos salió mal la aplicación del Consenso de Washington y las políticas de ajuste estructural. Para los centros urbanos como la ciudad de Guatemala, el alto costo de los combustibles ha generado problemas en el transporte colectivo. La aprobación de un nuevo subsidio, otorgado por el gobierno al transporte urbano (y pagado con los impuestos de los ciudadanos de todo el país) repercute únicamente en la voluntad de los transportistas de no subir los precios del servicio. Quienes absorben el alza de los costos serán los pilotos, que seguirán pagando las mismas cuotas por el uso de los buses a los dueños del vehículo, y por lo tanto los consumidores, sometidos a las cobros clandestinos que estos últimos realizan. Las repercusiones van más allá del aumento en los precios de la energía, impactando en la satisfacción de las necesidades alimentarias de nuestra población. El aumento del precio del petróleo ha llevado a la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Éstas, consideradas “verdes” o “limpias” por algunos, tienen consecuencias severas para la población dependiente de la agricultura, especialmente en países periféricos como Guatemala. La creciente presión en la demanda de agro-combustibles ha significado una reorientación de la producción agrícola mundial: los bosques y las tierras antes utilizadas para producir alimentos, ahora se destinan a producir combustibles con insumos tradicionalmente utilizados para la alimentación. Ejemplos claros para Guatemala son el maíz (generalmente producido por minifundistas y para el auto consumo), el trigo y la caña de azúcar (que concentra la tierra con mejores capacidades productivas del país). Se habla también de la expansión del cultivo de palma africana a costa de bosques y selva tropical en el nororiente del país. A la situación se suman proyectos como los tratados de libre comercio, que han inundado nuestro territorio con productos fuertemente subsidiados. Estos millonarios aportes restan oportunidades de competitividad a los pequeños productores que abastecían el mercado interno de alimentos. Como contra propuesta, el modelo de las cooperativas ha sido el estandarte de los gobiernos para la producción agrícola, olvidando que la mayoría de estos productos rara vez abastecen a los sectores más necesitados de insumos baratos. Resulta entonces irónico cómo los sectores poderosos del país promueven destinar todos los esfuerzos agrícolas a la exportación de productos no tradicionales y de agro-combustibles, sobre todo cuando nos golpean realidades tan fulminantes como la declarada por UNICEF, que reporta a Guatemala como el país con la tasa de desnutrición más alta en Latinoamérica (Prensa Libre, 06.04.08). Tanto latifundios como minifundios nos han llevado a obtener este deshonroso título. ¿Acaso revitalizar el decreto 900 suena muy loco? En un país que concentra más del 80% de la tierra en el 2% de su población, poca oportunidad queda para las poblaciones necesitadas de asegurar su subsistencia. Añadido esto a que los centros urbanos no pueden generar oportunidades de empleo, se presenta como una de las posibles soluciones ocupar tierras protegidas, latifundios o terrenos improductivos de propiedad privada. La respuesta del sistema es determinante: terroristas, criminales, salvajes. Mas allá de analizar las condiciones estructurales que conllevan a estas ocupaciones, el discurso del gobierno, la sociedad civil y los medios de comunicación se centra en la criminalización del campesino. El Estado de Derecho y las mesas de diálogo se ven inoperantes y se vierten en contra de estas poblaciones. ¿Qué hacer? Este espacio sirve para plantearnos, como población estudiantil, un debate del acontecer en la realidad nacional. A partir de la crítica, las ideas, la incidencia y la acción, nuevos argumentos podremos plantear y construir para revertir las situaciones que injustamente aquejan a las mayorías en Guatemala. Apoyamos las reformas que reubiquen el gasto social, enfocándolo sobre todo en las poblaciones más necesitadas. Vemos al Estado como promotor y garante de la justicia social y económica que históricamente ha estado ausente en nuestro país. Como estudiantes de Ciencias Políticas y RRII, es nuestra obligación ver más allá de lo que nos presentan los medios de comunicación, pues estos muestran la realidad a través de un lente distorsionado por su cercana relación y afinidad con la ideología e intereses de los grupos de poder económico dominantes en el país. Una verdadera transformación de la realidad implica leer a profundidad la intención de la información que se nos presenta como algo “normal”. Tenemos que ser críticos y encontrar los medios para romper con la lógica que fomenta la discriminación y exclusión características de la política nacional y su discurso. Esperamos que este Editorial sirva para inquietar el debate y el diálogo en nuestra facultad. Recordá que es tu espacio, y que esta abierto a tus ideas. A tus ideas de cambio. Atentamente, Movimiento Estudiantil por el Cambio -MEC-.